El robo que aprendimos a aplaudir

“Existe en Panamá una verdad que todos conocen y pocos dicen en voz alta: el político que llega sin nada y se va con todo no es una anomalía del sistema. Es el sistema. No un accidente de la democracia, sino uno de sus resultados más predecibles. Y lo más impactante no es que ocurra, sino que ya casi no nos sorprende. La normalización no llegó de golpe. Fue gradual, casi pedagógica. Cada escándalo que terminó en prescripción, cada funcionario investigado que volvió a ser candidato y ganó, cada titular de corrupción que duró apenas tres días en la conversación pública antes de ser reemplazado por el siguiente escándalo; todo eso fue construyendo una cultura de resignación. Panamá no aprendió a tolerar la corrupción por ingenuidad. La aprendió porque el Estado nunca le demostró a la ciudadanía que valía la pena indignarse. Las leyes existen, pero los plazos se extienden. Las investigaciones avanzan, pero los abogados suelen ser mejores que los fiscales. Los juicios comienzan, pero las sentencias firmes siguen siendo escasas. Los mecanismos fueron diseñados, ajustados y perfeccionados por las mismas personas a quienes debían controlar. El vacío legal rara vez es un descuido. Muchas veces es una obra de ingeniería política. Panamá ha reelegido alcaldes investigados, ha premiado con curules a figuras con expedientes conocidos y ha celebrado en tarimas a quienes ya habían demostrado de qué estaban hechos. No siempre por ignorancia; en ocasiones, por cálculo: el candidato corrupto que al menos reparte algo frente al candidato honesto que no garantiza nada. Es una lógica perversa, pero tiene cierta coherencia dentro de un país donde el Estado nunca llegó a todos por igual. La corrupción política en Panamá no sobrevive únicamente por la impunidad legal ni por la complicidad del votante. Sobrevive porque una parte de la población aprendió a negociar con ella. El voto no siempre representa una traición a la democracia; a veces es la única transacción que le queda a quien nunca recibió nada del Estado sin gestionarlo a través de algún intermediario político. Eso no lo justifica, pero sí ayuda a explicarlo. Y la diferencia importa si realmente queremos cambiar algo. La corrupción panameña tiene muchos cómplices que nunca aparecen en ninguna investigación. El empresario que financia campañas de ambos bandos para mantener abiertas las puertas en cualquier gobierno. El profesional que critica en público y negocia en privado. Los medios de comunicación que investigan hasta donde el aviso publicitario lo permite. La sociedad civil que se activa en momentos de crisis y se adormece durante la calma. Todo forma parte del mismo silencio conveniente. Romper este ciclo exige algo más profundo que leyes más severas o campañas de transparencia. Las culturas políticas no cambian mediante decretos. Cambian cuando una sociedad decide que ciertos comportamientos ya no tienen cabida, ni en las urnas, ni en las conversaciones familiares, ni en el silencio cómodo de quien prefiere no complicarse. Panamá tiene todos los instrumentos para exigir algo distinto. Tiene una prensa que investiga, una sociedad civil que se moviliza cuando quiere y una ciudadanía que demostró en 2023 que sabe salir a las calles cuando algo realmente le duele. Lo que aún está pendiente es la decisión colectiva de dejar de aplaudir aquello que debería avergonzarnos. El robo que normalizamos no comenzó en ninguna oficina pública. Comenzó el día en que decidimos que era inevitable. El autor es consultor ambiental y escritor.

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