Flamenco: entre litigios, marinas y promesas fallidas

“Flamenco es la última de las islas que está unida a tierra firme por la calzada de Amador y actualmente tiene dos ocupantes: el proyecto desarrollado por Fuerte Amador Resort & Marina (FARM) y la concesión estatal (supuestamente bajo revisión) a favor de Amador Marina, S.A. FARM es el más antiguo y uno de los primeros desarrolladores en reconocer el potencial turístico y comercial de Amador . Su plan original lo tenía todo: marina de hasta 200 amarres, hotel de 120 habitaciones, 38 villas de “tiempo compartido”, área comercial libre de impuestos, restaurante con mirador en la cima y piscina de agua salada, entre otras amenidades descritas en el contrato de arrendamiento a 40 años firmado el 11 de noviembre de 1998 con la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) , la entidad creada en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) para custodiar y administrar las propiedades y bienes inmuebles traspasados por Estados Unidos a Panamá . Tres décadas después, solo operan la marina, el rompeolas y el duty free.El proyecto no solo dejó de materializar la oferta hotelera de alto nivel contemplada en el contrato de arrendamiento, sino que, además, en el proceso surgieron desacuerdos con la ARI —posteriormente reconvertida en la actual Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) — relacionados con la amortización de la infraestructura pública, un fallo de la Corte Suprema sobre la comercialización de dichos desarrollos e incluso situaciones que podrían interpretarse como competencia desleal por parte del propio gobierno. Además, FARM tiene un contrato de concesión de 284,000 metros cuadrados de fondo de mar entre Flamenco e isla Perico, para construir la marina y el rompeolas. Este contrato venció en 2023, pero la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no ha formalizado la extensión, pese a la solicitud de prórroga presentada por FARM antes de la pandemia respiratoria, en 2019. A cambio de ocupar estos espacios, FARM debía pagar a la ARI (ahora UABR) un canon anual de $117,182.50 durante la primera fase del proyecto, calculado sobre una renta fija de $4.75 por metro cuadrado aplicada a un área neta de 24,670 metros cuadrados. La empresa asegura que está al día con los pagos, sus obligaciones de inversión y fianzas. La Prensa intentó corroborar la información con la UABR , pero no hubo respuesta. No obstante, en noviembre de 2009, este medio informó que FARM había abonado $556,000 para saldar parte de una deuda de $2 millones. FARM niega cualquier morosidad. “Podemos poner la mano en el fuego de que estamos al día con todos nuestros contratos”, recalcó Ricardo Arias, director de FARM. Los escollos Sobre el incumplimiento de la construcción del hotel, la empresa sostiene que, pese a adelantar conversaciones con varias marcas hoteleras interesadas (como Marriott, Hilton y Howard Johnson), la isla no tiene la infraestructura pública requerida para operar un establecimiento de esas dimensiones. Actualmente, por ejemplo, no hay agua potable . De hecho, los desarrolladores de las otras islas (Perico, Naos) tampoco han podido levantar el hotel que cada uno prometió en su contrato con la ARI. También reprochan que cuando firmaron el contrato, en 1998, nadie imaginó que eventualmente el gobierno invertiría en la construcción de una terminal de cruceros (que costó poco más de $200 millones y fue inaugurada en 2024) en Perico , que es la isla contigua a Flamenco. Eso es una competencia directa para la marina de FARM. Además, se supone que la ARI se encargaría de habilitar un tren o transporte para movilizar a los visitantes desde el estacionamiento que está cerca del centro de convenciones de Amador (antiguo Figali) a las islas que están en la calzada. Esa medida nunca se ejecutó a cabalidad y FARM invirtió de su bolsillo para construir un relleno de 5 hectáreas para unos estacionamientos que ahora utiliza todo el que quiera de forma gratuita. ¿Violación al fallo de la Corte? En 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró que seis frases contenidas en igual número de artículos del contrato de FARM con la ARI eran violatorias de la Constitución. Estos eran los artículos que permitían la venta de terrenos a terceros, así como inscribir estos bienes en el Registro Público bajo esquemas de propiedad privada. El fallo estableció que las áreas en isla Flamenco , junto con las edificaciones y la marina, no podían ser vendidas ni transferidas a terceros, reiterando que estos bienes pertenecen al Estado y no son susceptibles de apropiación privada. La Corte fue enfática al señalar que la concesión administrativa no implica la pérdida definitiva de la titularidad estatal, sino únicamente una cesión temporal para su explotación. “En ninguna forma la norma constitucional autoriza a que el Estado se despoje de manera irreversible o indefinida de alguno de los atributos de la propiedad o titularidad sobre dichos bienes, en beneficio de particulares”, subrayó el fallo. Pese a este pronunciamiento, en el Registro Público se mantienen al menos siete fincas inscritas a nombre de FARM , algunas incluso vinculadas a operaciones de financiamiento bancario y con títulos constitutivos de dominio. FARM replicó que jamás trató, ni está en sus planes, comercializar parcelas de Flamenco como si fueran propiedad privada. “No ha habido intento alguno de convertir bienes públicos concesionados en activos privados, ni hemos intentado vender tierras o edificaciones. Esto puede ser el caso en otra parcela, pero no de Fuerte Amador en isla Flamenco. Somos respetuosos de la ley y no hemos incumplido las disposiciones del mismo”, recalcó FARM, en una respuesta que compartió por escrito. Sobre las siete fincas inscritas, el gerente general de FARM , Enrique Goytía, explicó que están registradas con un título constitutivo de dominio, lo cual es válido mientras el contrato esté vigente. Una vez culmine el contrato, esas mejoras pasarán al Estado libre de gravamen. Goytía, que además es apoderado de la empresa, calcula que las inversiones realizadas están valoradas en $40 millones . FARM tiene como presidente a Miguel López Piñeiro. La junta directiva la completan Rolando Shahani Rodríguez, vicepresidente; Katherine Shahani, secretaria, y Augusto Samuel Boyd de la Guardia, tesorero. La firma Ordoñez Chea & Asociados actúa como agente residente. Sola, el vecino El otro ocupante de Flamenco es Amador Marina, S.A. , que antes de 2016 tuvo como apoderado a Louis Sola , quien hasta junio pasado fue comisionado y presidente de la Federal Maritime Commission (FMC) de Estados Unidos. Sus hijos ahora están al frente de esta sociedad. Amador Marina ocupó el espacio que anteriormente fue concesionado a Marina Montemar , una sociedad que no pudo asumir sus compromisos contractuales con la ARI, por lo que se vio forzada a salir del área. Sola supuestamente ahora reside en Miami y trabaja en una firma de lobistas con sede en Washington. Al frente de Amador Marina están sus hijos. Aunque no hay avances sobre el terreno, se ha observado algún movimiento de tierra y rellenos marinos. La concesión debe estar vigente, puesto que hace poco la sociedad consignó una fianza por cerca de $1 millón . Amador Marina acumula dos concesiones directas, sin licitación, en isla Flamenco : una de 11.3 hectáreas de fondo de mar , otorgada en 2023 por la AMP , con un canon de 15 centavos por metro cuadrado y ajuste anual del 5%, y otra de 2.7 hectáreas en tierra firme , concedida en 2021 por la UABR , con un canon anual de $6 por metro cuadrado de área útil. View this post on Instagram Ha transcurrido más de un año desde que el presidente José Raúl Mulino solicitó la revisión de esta concesión, sin que hasta la fecha se conozcan resultados concretos. La petición, según fuentes consultadas, no habría derivado en acciones visibles por parte de la UABR ni de la AMP . La Prensa buscó reacciones con la UABR y la AMP. No hubo respuesta. El silencio y la ausencia de acciones concretas o información sobre los aportes en cánones y regalías dejan dudas sobre la efectiva fiscalización estatal. El administrador de la AMP, Luis Roquebert , no respondió la solicitud de información presentada al amparo de la Ley 6 de 2002 ni aclaró qué medidas se han adoptado frente a la prórroga solicitada por FARM o la presunta revisión del contrato de Amador Marina.

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