Hablemos de la dignidad humana

“Días atrás, mientras Panamá acogía el 189.º Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habló mucho de la “dignidad humana”, un concepto al que no todos prestan particular atención. ¿Y qué es eso? La dignidad no es una palabra ornamental, mucho menos retórica. La dignidad es el valor intrínseco que tiene toda persona por el simple hecho de ser humana, sin importar su origen, condición social, económica, raza, religión ni ninguna otra circunstancia. En otras palabras, cada ser humano merece respeto, consideración y un trato digno. Puede entenderse como la garantía de bienestar pleno en el ejercicio de cada derecho. No se trata solo del derecho a la vida, sino de una buena vida; no es únicamente salud, educación, vivienda o cuidados, sino todo ello con calidad y proporcionalidad. En Panamá, dicho concepto se encuentra consagrado desde el inicio de nuestro pacto político. El preámbulo constitucional establece que la República está organizada para “…garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana…”. Se trata de algo más que una declaración retórica. El constituyente vislumbró fortalecer y otorgar mayor protección jurídica a los derechos, estableciendo una especie de arquitectura normativa orientada al bienestar de las personas. El preámbulo suele pasar desapercibido porque, según algunos —situación que debe superarse—, no posee la fuerza operativa de un artículo coercitivo o sancionador. Sin embargo, contiene la orientación ética y moral sobre el tipo de país al que debemos aspirar para garantizar el buen vivir. Exaltar la dignidad humana significa reconocer que ninguna persona puede ser tratada como un objeto del poder público. Significa comprender que detrás de cada expediente o actuación estatal existe una vida concreta que merece atención puntual. Que la justicia no puede reducirse a formalidades vacías. Que la democracia pierde legitimidad cuando olvida a la persona común. Por ello, resultó tan significativo que las sesiones de la Corte Interamericana se celebraran en Panamá. Escuchar los debates, los argumentos y las reflexiones alrededor de los derechos humanos permite entender algo esencial: el sistema existe para recordarnos constantemente los límites que nunca debemos cruzar, como el abuso, el autoritarismo o la indiferencia institucional. La dignidad humana —que no constituye un pleonasmo; otro día abordaremos ese punto— no se vulnera únicamente en los grandes casos históricos que llegan a los tribunales internacionales. También se erosiona lentamente cuando una persona espera años por una respuesta estatal; cuando un ciudadano siente que su voz no importa; cuando el lenguaje público deshumaniza; cuando la pobreza termina normalizando la exclusión; o cuando la burocracia excesiva olvida que detrás de cada trámite existen angustias reales. La dignidad no puede convertirse en un concepto abstracto reservado para académicos o jueces internacionales. Tiene que sentirse en la forma en que tratamos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a quienes piensan distinto y a quienes viven en comunidades apartadas. Debe reflejarse en el tono del debate político e incluso en la manera en que ejercemos la autoridad. En definitiva, tiene que estar presente en todas nuestras actuaciones. Cabe esperar que hayamos extraído algunas lecciones de la presencia de la Corte Interamericana en Panamá. Los derechos humanos —y la dignidad humana— no son un discurso importado ni una ideología pasajera. Son una respuesta histórica frente a la experiencia humana del abuso. Y la dignidad, lejos de ser una palabra solemne reservada para ceremonias jurídicas, constituye el núcleo moral que justifica la existencia misma del Estado constitucional de derecho en favor del ser humano. Porque cuando una sociedad deja de creer en la dignidad humana y de fortalecerla, tarde o temprano termina perdiendo también su democracia. El autor es abogado, asesor en el Tribunal Electoral y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección Panamá.

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