La OCDE y el espejo inquietante

“El proceso de adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) representa un cambio de paradigma en la administración de nuestro país. La firma del memorando de entendimiento sitúa al Estado frente a la necesidad de desmantelar un modelo que, durante décadas, ha permitido la coexistencia del hermetismo fiscal con el desarrollo económico, pero que hoy actúa como un nudo gordiano para el crecimiento nacional. La arquitectura del Estado muestra signos de una tensión estructural. Mientras el Ministerio Público impulsa iniciativas legislativas para fortalecer la persecución del delito financiero y eliminar la laxitud procesal, el Órgano Legislativo mantiene una resistencia sistemática al adecentamiento del marco jurídico. Posee hasta su bancada corruptófila. Esta divergencia debilita la seguridad jurídica y deja abierta la puerta al juega vivo, que erosiona la confianza necesaria para la inversión extranjera directa de alta calidad. El estigma derivado de los episodios de los Panama Papers y Pandora Papers no ha sido superado, y la recurrente presencia del país en listas grises y otras clasificaciones en distintos organismos confirma que las reformas cosméticas no son suficientes para los estándares internacionales. Ser miembro pleno de la OCDE implica someterse al escrutinio técnico de economías líderes y miembros regionales como Estados Unidos, Francia, Alemania, España, México, Chile, Colombia y Costa Rica. El ingreso es el resultado de una reingeniería de la administración pública. Este sello de confianza es un requisito para reducir el costo del financiamiento soberano y privado, además de integrar al país en un bloque que promueve la eficiencia en los servicios públicos y la transparencia en la gobernanza. Persisten contradicciones internas, como la renuencia de líderes de entes gremiales a acatar jurisprudencia en temas estratégicos como la minería metálica, lo cual proyecta una imagen de inestabilidad ante el Estado de derecho . Costa Rica requirió ocho años de transformaciones profundas para cumplir con los estándares antisoborno y de intercambio de información. En Panamá, la complejidad es mayor debido a la defensa del modelo impositivo territorial y el hermetismo que protege a grandes contratistas del Estado. Sin un consenso nacional que convierta este objetivo en una política de Estado que trascienda la actual cleptocracia y la corruptofilia legislativa, el tránsito hacia la membresía podría extenderse hasta dos décadas. El dilema nacional es técnico y estratégico: mantener un sistema de hermetismo que protege intereses particulares o reformar la institucionalidad, y acuerparla, para garantizar la viabilidad económica en el mercado global. El autor es periodista y filólogo.

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